«Esto no asegura la clausura definitiva de los emprendimientos, las organizaciones deben supervisar el cumplimiento del fallo»

En La Posta del Paraná tuvimos un extenso diálogo con Patricia Pintos, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sobre los alcances del fallo de la Jueza Federal Arroyo Salgado que ordenó paralizar los emprendimientos de barrios privados hasta que se realice un estudio pericial acumulativo. La especialista en humedales expresó que esta investigación debería tardar como mínimo seis meses, pero alertó que habrá muchas presiones para apurar los tiempos. Destacó como fundamental en esta etapa que exista un seguimiento por parte de “las organizaciones que han tenido una intervención muy activa durante todo este período y que han empujado el fallo”.

Escuchar la entrevista completa: https://archive.org/details/1807072016PatriciaPintosx

Foto: Ricardo Barbieri

Las definiciones de Patricia Pintos:

“La verdad que el sentimiento es de alegría, me parece que el fallo -aunque no toma una posición definitiva sobre el problema de fondo- es muy esperanzador. En el sentido de que Justicia toma debida cuenta de una serie de indicios y de referencias, que están mostrando que el modelo urbanístico que llevan adelante estas grandes empresas desarrolladoras sobre los cauces mayores del río Lujan y sus afluentes, es ciertamente conflictivo en términos socioambientales”.

“A los pruebas nos remitimos en función de lo que ha sido la afectación de gran cantidad de personas que habitan la cuenca estos últimos 3 años con la sucesión de eventos de inundaciones, que dan cuenta de un agravamiento de las condiciones del escurrimiento del río Luján en su Cuenca Media y en su Cuenca Baja particularmente”.

“El fallo es un llamado a hacer un estudio sistemático, riguroso, del impacto que estos emprendimientos inmobiliarios sobre humedales tienen en el cambio de los patrones de escurrimiento en la región fundamentalmente. Y en la generación de una serie de conflictos socioambientales que van más allá de las inundaciones. Sabemos que este modelo urbanizador es además fragmentador, segregador, negador de las identidades territoriales históricas”.

“Podemos celebrar que al menos la Justicia, porque no así el Estado municipal ni tampoco la Provincia, ha tomado debida cuenta de todos los reclamos que la sociedad ha realizado. Así que la primera lectura es la de mucha alegría, de mucha expectativa y mucha esperanza, sabiendo que es un paso en todo caso, de un camino largo”.

“Esto no asegura una clausura definitiva de este tipo de emprendimientos, pero sí es un serio llamado de atención a las autoridades municipales y provinciales que hace la Justicia a partir del pedido de la sociedad organizada. Esto también es una conclusión muy importante: la sociedad organizada es la que está ejerciendo el control que debieran ejercer los Municipios y la Provincia respecto de las decisiones que se toman en materia en gestión territorial”.

“La Justicia recupera esa iniciativa de la sociedad organizada, y el Estado parece estar mirando para otro lado, o involucrado en otras cosas, pero muy alejado de lo que es la sensación térmica de la gente que promueve este tipo de reclamos”.

«NO ES MOMENTO DE BAJAR LOS BRAZOS»

Foto: Buenos Aires dos punto cero

Patricia marcó que las organizaciones vecinales y ambientales tuvieron un “papel de fiscal del conjunto de los habitantes de la Cuenca del Río Luján, pero alertó que este protagonismo “tiene que mantenerse en las etapas venideras”.

“La Justicia ha impuesto a la Provincia y a los Municipios una serie de encomiendas y de tareas a realizar en términos de avanzar en este estudio pericial acumulativo. No es momento para bajar los brazos, por el contrario creo que ahora las organizaciones, los movimientos sociales, las asambleas deben estar muy activas en términos de mantener el debate vivo por un lado, y de ir acompañando de manera muy atenta las decisiones que se van tomando en respuesta los requerimientos del fallo”.

“Las presiones de las empresas desarrolladoras van a ser muy fuertes en este período y los municipios van tener la tentación de ser muy permeables y es probable que intenten apurar los estudios para la realización del estudio pericial. Estas presiones no son nuevas ni son el emergente solamente del fallo sino que son una constante en los últimos años. Es la forma en la que vienen operando y gestando las decisiones que fueron n modificando el territorio a lo largo de la Cuenca”.

“Un estudio serio, minucioso, que dé cuenta de la complejidad del problema, va a llevar bastante más tiempo que un par de meses. Pensemos que hay que conformar primero un equipo interdisciplinario que pueda abordar las distintas aristas temas que deben ser relevados, sistematizados, puestos en los sistema de información geográfica, tal vez en un modelo de tipo hidráulico para ver el comportamiento que el conjunto de urbanizaciones cerradas en humedales tiene en el funcionamiento del sistema hídrico regional o subregional”.

“Todo este tipo de estudios particulares que se van a tener que generar, porque ni los Municipios ni la Provincia lo han hecho en su debido momento, va a llevar mucho tiempo. Para empezar, la Provincia ni siquiera tiene un relevamiento exhaustivo de las urbanizaciones cerradas que desarrollan actividades que están reñidas con lo que plantea la Resolución 2909 del Órgano Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que es la que requiere un estudio de impacto ambiental realizado precisamente por la Provincia, cuando lo que se hace es una urbanización que requiere de movimientos de suelos, endicamientos, canalizaciones, refulados”.

“Va a llegar mucho tiempo la elaboración de un registro con el nivel de cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos por las normas vigentes, el conocer la dimensión de la problemática, sobre la cual algunos investigadores hemos tratado de hacer algunos aportes en su momento, pero muy desde el trabajo personal, porque el nivel de información en la provincia es fragmentario, es incompleto”.

“Es importante que alertemos que esos estudios no van a poder ser realizados de hoy para mañana. Hay muchos estudios de base, mucho trabajo de relevamiento previo que va a haber que hacer antes de poder sacar las conclusiones que está requiriendo la Jueza. No me animaría a ponerle un plazo, lo que estoy seguro es que no son ni 2 ni 3 meses. Yo entiendo que un equipo sólidamente conformado, que releve primero toda la información necesaria que no está producida, y luego la pueda procesar, analizar, y concluir, va a lleva mucho tiempo, yo estimo que no menos de 6 meses, haciéndolo con todos los recursos, y con toda la disponibilidad de la información que se requiere”.

Para Pintos, la tarea en este momento que es “ir siguiendo muy de cerca las actividades que se están efectuando en términos del relevamiento y producción de la información primaria, los análisis, las modelizaciones. Es decir, todo el camino para la generación de la información, la producción del diagnóstico y la determinación de un dictamen deberá ser muy acompañado. Debiera haber una supervisión por parte de las organizaciones que han tenido una intervención muy activa durante todo este periodo, y que de alguna manera han empujado el fallo de la doctora Arroyo Salgado para que exista la certeza de que hay un cumplimiento efectivo”.

“Porque también podría ser la posibilidad de que cumplan con las formalidades, emprolijar los expedientes y seguir adelante. Hay dos salidas posibles a esto: hacer un buen estudio riguroso, sistemático, a partir de la conformación de un equipo sólido, con antecedentes en el tema, o por el contrario que los Municipios opten por garantizar un piso mínimo de relevamiento, a los fines de sortear esta instancia lo más rápido posible. Ese riesgo está y hay que estar muy atentos a ello”.

UN ESTADO SOCIO DEL NEGOCIO

Imagen: Asociación Ambientalista del Partido de Escobar

“A mí no me quedan dudas de que el papel colaborativo que han tenido los municipios, Tigre en particular y el resto de la Cuenca Baja, para con las empresas desarrolladoras a lo largo de estos últimos 20 o 25 años. No tengo las señales que indiquen que esto pueda ser muy diferente en el futuro”.

“Esta desarticulación entre lo que sucede en el territorio municipal y la Provincia, ha sido como ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’. La falta de vínculo en todo el procedimiento de aprobaciones ha beneficiado un modelo urbanístico fragmentador, segregador, selectivo, elitista, que es muy contrario a la preservación del interés público, que es el rol del Estado. Entonces en ese marco, las empresas lo que han hecho es desarrollar su lógica, que es la del bolsillo”.

“Las empresas empiezan a comercializar sus lotes o las viviendas construidas mucho antes de poder contar con una primera prefactibidad, o la hidráulica, o la urbanística, o la ambiental. La operatoria histórica ha sido la de los hechos consumados, es decir, las empresas inician el expediente y sin esperar una resolución sobre el expediente, empiezan a comercializar”.

“Remeros Beach fue a audiencia pública para evaluar el estudio de impacto ambiental del emprendimiento en junio de 2016, sin embargo había lanzado el emprendimiento por los medios web o los canales de televisión en marzo de 2015. Y en marzo de 2015 la propia responsable de Vizora, la empresa desarrolladora, anunciaba que a la primera semana habían comercializados 100 departamentos”.

“Esto claramente además avasalla lo que es la Ley 22.802 de Lealtad Comercial del año 83, que establece claramente: ‘queda prohibida cualquier clase de publicidad, propaganda, que sea engañosa, que presente inexactitudes u ocultamiento de información”.

“Hay muchísima gente que está comprando una ilusión. Imaginemos que como resultado de la audiencia pública de Remeros Beach, finalmente se le niegue la declaración de impacto ambiental, o en el caso de Venice se haga una clausura definitiva del emprendimiento. ¿Qué sucede con toda la gente que de buena fe compró una parcela o un departamento en cada uno de esos emprendimientos? Hay claramente un avasallamiento de la buena fe de los compradores. Hay una falta de lealtad comercial de las empresas que tácitamente termina siendo avalada por la falta de intervención por parte de las autoridades que debieran frenar ese tipo de acción”.

“Creo que el problema no es solamente un problema que tiene aristas ambientales comprobadamente conflictivas, como lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo, sino también reñidas con la legalidad en otros planos, entre ellas, lo comercial”.

“En lo que hoy por hoy se discute como extractivismo urbano, o urbanismo neoliberal, los municipios están actuando de manera colaborativa o pasiva con las empresas desarrolladoras, es decir con los grandes intereses financieros y comerciales que están por detrás de este tipo de emprendimientos inmobiliarios, como si fueran socios”.

“A mi realmente me preocupa seriamente la prescindencia que muestra el Estado en sus diferentes niveles en relación a problemáticas que claramente hacen a la defensa del interés común, del interés público, que es el que debiera prevalecer. Es decir, esa delegación a los actores privados de ciertas decisiones que se toman en el territorio no benefician al conjunto de la población sino a sus propios bolsillos. Es una lógica que venimos viendo en la gestión urbanística de los municipios de la Cuenca Baja de estos últimos 25 años”.

“Constantini se benefició claramente del cambio de zonificación que hizo Escobar en el año 2009, una zonificación que puso al servicio de las empresas inmobiliarias todo el humedal que está al pie de la barranca del Cazador”.

“Las inversiones si bien son muy importantes, una vez que los barrios están en funcionamiento lo único que le dejan al Municipio es el pago de tasas, ni siquiera podríamos decir trabajo. Los municipios han estado muy proclives en los últimos 25 años a favorecer el despliegue para recibir muy poco a cambio. Aquello que recibió a cambio en muchos casos fue en perjuicio para los sectores más desprotegidos y más débiles”.

“Mientras más del 40% de la superficie de Tigre continental está ocupada por este tipo de urbanizaciones, todavía hay casi un 80% de la población que no tiene cloacas. El municipio que es puesto como el modelo a seguir en desarrollo urbanístico está mostrando como contracara que el resto del territorio no cuenta con los servicios básicos”.

“Estos municipios son proclives a dar riendas sueltas a este extractivismo urbano, que les permite a las empresas capitalizar unas rentas extraordinarias mientras el resto del territorio queda subordinado a su suerte y solo reciben los perjuicios de este modelo urbanístico”.